ASANSULL impulsa en La Línea de la Concepción una mesa de diálogo por una financiación sostenible del Sistema de Atención a la Dependencia, que celebró su primera reunión el 14 de septiembre. El objetivo es acordar una posición común sobre una financiación suficiente, estable, previsible y actualizable para los servicios de atención a personas con discapacidad, personas mayores y ayuda a domicilio.
En el encuentro participaron el coordinador general de ASANSULL, Ismael Vaca; el alcalde de La Línea, José Juan Franco; la concejala de Asuntos Sociales, Zuleica Molina; la representación legal de los comités de empresa de ASANSULL y del Centro Especial de Empleo de la entidad; la sección sindical de CCOO del comité de Ayuda a Domicilio, y la Junta Directiva. La sección sindical de UGT excusó su asistencia.
La mesa parte de la relación entre la financiación disponible y unos servicios muy intensivos en personal: el volumen de fondos condiciona la estabilidad de las plantillas, la continuidad de los apoyos y las condiciones laborales del sector.
Entre las líneas de trabajo figuran vincular la financiación a los costes reales de los servicios, establecer mecanismos de actualización que tengan en cuenta salarios, jornada, cotizaciones sociales, IPC y nuevas obligaciones normativas, y fijar una senda plurianual para el periodo 2027-2029 revisable mediante indicadores objetivos.
El documento reclama además reforzar la corresponsabilidad financiera de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y pide la constitución de una Mesa de la Discapacidad en Andalucía con participación de las organizaciones sindicales y empresariales del sector.
La propuesta distingue entre financiación pública y negociación colectiva: la primera no debe sustituir ni interferir en la segunda, pero sí generar las condiciones económicas para que avance en cuestiones como salarios, jornada, estabilidad en el empleo, conciliación, formación y prevención de riesgos.
La mesa continuará ahora construyendo consensos para trasladar una posición común a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, con la financiación de la dependencia ligada de forma verificable a la estabilidad de los servicios y de las plantillas.